La Cámara de Diputados aprobó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un debate legislativo que acumulaba 28 años de postergación desde su media sanción inicial en 1998. La iniciativa, vinculada a la agenda de vinculación comercial bilateral impulsada con los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra. En el marco de este tratado multilateral —cuya incorporación fue incluida entre los compromisos asumidos por la Argentina en el entendimiento comercial con Estados Unidos—, el país buscó un punto de equilibrio. Durante el debate, los sectores que votaron en contra argumentaron que la medida, aun con restricciones, flexibiliza en exceso el sistema nacional de propiedad intelectual, subordina la normativa soberana a exigencias de potencias extranjeras y podría perjudicar a sectores productivos locales que basan su competitividad en la autonomía tecnológica. Debido a las modificaciones introducidas durante el tratamiento en el recinto, el expediente regresó a la Cámara de Senadores para su revisión y sanción definitiva.
El alcance del Capítulo I
El proyecto aprobado avala la implementación del Capítulo I del tratado internacional. Esta herramienta permitirá que científicos, pequeñas y medianas empresas (pymes), universidades y centros tecnológicos nacionales utilicen una solicitud internacional única, que puede presentarse en español, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Según los detalles técnicos analizados durante el debate, este mecanismo permite extender, en términos generales, de 12 a 30 meses el plazo para que los desarrolladores locales decidan la expansión y el ingreso de sus proyectos a las fases nacionales de los Estados contratantes del sistema. Esto resulta potencialmente positivo para el sector científico y las PyMEs, ya que les otorga una herramienta estandarizada para buscar protección en el exterior sin asumir desde el comienzo los costos de presentar solicitudes nacionales en múltiples países. El PCT no crea una patente internacional ni reemplaza a las oficinas nacionales: cada país mantiene la potestad de decidir, conforme a su legislación, si concede o rechaza una patente.
La controversia por el Capítulo II
Uno de los ejes centrales de la discusión parlamentaria fue la incorporación de una reserva explícita para excluir el Capítulo II, el cual regula el examen preliminar internacional. Esta modificación se concretó tras intensas gestiones y reclamos por parte de laboratorios farmacéuticos nacionales y diversos bloques políticos. El objetivo planteado por los sectores que impulsaron la reserva es evitar que el mecanismo de examen preliminar internacional pueda favorecer estrategias conocidas como evergreening (o "reverdecimiento" de patentes) por parte de corporaciones multinacionales. Esta estrategia corporativa busca prolongar los monopolios comerciales sobre medicamentos cuyas patentes originales están próximas a vencer mediante modificaciones que sus críticos consideran menores —como nuevas sales o determinados usos—, dificultando potencialmente la entrada de genéricos y manteniendo los derechos de exclusividad. De esta manera, los impulsores de la reserva sostienen que excluir este segmento permitirá preservar el margen de decisión del INPI en materia de patentabilidad y mantener los criterios establecidos por la legislación argentina. La medida es presentada por sus defensores como una forma de proteger la competencia y evitar eventuales efectos sobre el acceso a tratamientos médicos y sobre la industria farmacéutica nacional frente al avance de monopolios internacionales.
Contexto y próximos pasos
La iniciativa se inscribe en la agenda de vinculación comercial bilateral impulsada por el Gobierno nacional. El PCT fue incorporado entre los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos. Tras la media sanción obtenida en la Cámara baja, el texto con las modificaciones sobre la reserva técnica deberá ser analizado nuevamente por el Senado para definir su conversión en ley.