La compañía aérea Flybondi (FB Líneas Aéreas S.A.) enfrenta su coyuntura más crítica desde el inicio de sus operaciones. Durante la primera quincena de agosto de 2026, la aerolínea desprogramó y canceló el 80,5% de sus vuelos, generando una severa disrupción en la conectividad aérea argentina. La parálisis operativa es el síntoma visible de un entramado de ejecuciones fiscales, cautelares de inmovilización financiera y reclamos comerciales en los tribunales.
Embargos de ARCA e inmovilización bancaria
El factor detonante de la crisis radica en las medidas dictadas por los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias a instancias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo estatal impulsa dos frentes judiciales de envergadura contra la firma:
- Juicio por obligaciones impositivas: ARCA reclama $1.256 millones en concepto de capital adeudado por IVA, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Con el cómputo de intereses y costas, el monto asciende a un rango de entre $1.500 y $1.750 millones.
- Ejecución por cargas sociales: Tramita una causa paralela por omisión de aportes patronales y previsionales que alcanza los $6.700 millones.
Las medidas cautelares dispuestas trabaron embargos sobre las cuentas bancarias de la empresa, impidiendo la disposición de fondos para su operación corriente.
Reducción de la flota activa y reclamos de proveedores
La restricción cautelar para girar divisas y disponer de capital afectó de forma directa el cumplimiento de los contratos de leasing (arrendamiento financiero de aviones). Como consecuencia, la compañía debió devolver o dejar fuera de servicio gran parte de sus aeronaves, pasando de una flota diaria promedio de 19 unidades a tan solo 3 aviones operativos en agosto.
A la par de las acciones estatales, en la Justicia Comercial se acumulan pedidos de quiebra y ejecuciones promovidas por proveedores de insumos aeronáuticos, prestadores de servicios hoteleros y firmas de logística como Li Azzurri S.A. En el plano laboral, persisten demandas colectivas por la falta de pago de indemnizaciones, vacaciones y salarios tras el proceso de reestructuración iniciado en 2025 que incluyó la desvinculación de más de 700 trabajadores.
Actuación de organismos reguladores
Frente al incumplimiento sistemático de los itinerarios programados, la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina abrió sumarios administrativos contra la empresa. Asimismo, la autoridad aeronáutica de Brasil (ANAC Brasil) dispuso sanciones y restricciones operativas para proteger a los pasajeros afectados por las cancelaciones en vuelos de cabotaje e internacionales.