El amarre del buque petrolero VS Promise en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia generó un fuerte cruce político e institucional entre las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego y el Gobierno nacional.
El navío opera bajo la bandera de la Isla de Man, territorio bajo dependencia de la Corona británica. Según los registros de la operación, el buque ingresó a la terminal fueguina con habilitación formal de las autoridades marítimas nacionales para efectuar tareas de descarga de combustible y provisiones destinadas a la logística de la zona austral.
El reclamo provincial y la Ley Gaucho Rivero
Ante la presencia del buque, el Gobierno provincial de Tierra del Fuego emitió un enérgico rechazo público y elevó un pedido formal de informes al Ejecutivo Nacional. Las autoridades locales sostienen que las maniobras y la permanencia de embarcaciones con pabellón británico contravienen el espíritu de la Ley Provincial 269, conocida como Ley Gaucho Rivero.
Dicha legislación prohíbe la permanencia, el amarre y el reabastecimiento en puertos provinciales de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas de exploración o explotación de recursos naturales en la zona del Atlántico Sur bajo disputa de soberanía.
Disputa por la intervención del puerto
El episodio reavivó además la controversia por la administración de la infraestructura portuaria. El muelle comercial de Ushuaia se encuentra intervenido por la Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPyN) desde enero de 2026.
Desde la gobernación fueguina exigieron el cese inmediato de dicha intervención, argumentando que la pérdida del control local sobre la terminal facilitó el ingreso de la embarcación sin los controles ni las auditorías previas por parte de los organismos provinciales.
La postura del Gobierno Nacional
Por su parte, fuentes del Gobierno nacional y de los organismos portuarios intervinientes señalaron que la operación del VS Promise se encuadra estrictamente en el abastecimiento energético regular y en el cumplimiento de las normativas del derecho marítimo internacional.
Asimismo, las autoridades nacionales indicaron que no se verificó vínculo alguno entre la embarcación y actividades de exploración o explotación ilegal de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.